Los cabecillas de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), cuyos rostros vemos todos los días en los diarios y por la televisión, esos dos inconstitucionales monopolios de la prensa local, un chanco, además, que padece toda la región, incurren sistemáticamente en un inocultable desprecio por los productores y ganaderos que no integran sus rediles de altanero elitismo.
Siendo la UGP un consorcio de potentados, sus voceros tienen el tupé de presentarse como los auténticos representantes de todos los productores nacionales, aunque ni siquiera controlan a sus afiliados, entre quienes se verifica disconformidad por las posturas retrógradas de la cúpula, que ha convertido al gremio en una filial de la derecha política nacional, sierva de las corporaciones transnacionales del agro-negocio.
Esa extrema insolencia se cumple en yunta con la logia ganadera, que tiene la desfachatez de considerar que el mundo “rural” son ellos solos, sin ningún otro habitante de esa geografía territorial, de la cual ocupan ilegalmente millones de hectáreas, producto de su connivencia con los tiranos de turno.
Los espacios mediáticos que los promocionan, confirman coincidencias en el objetivo de mantener el país en las condiciones actuales de vergonzosa desigualdad social, un millón entre seis millones de compatriotas con hambre, y terratenientes con miles de hectáreas y 250 mil familias campesinas sobreviviendo como parias.
El contubernio que conforman los empresarios agropecuarios con los de prensa, revela igualmente groseras complicidades en el interés financiero más egoísta, clasista y vende patria, pues las inmensas ganancias que reportan sus actividades en nada contribuyen a desarrollar el país porque son socios, asociados en sociedades especuladoras, cuyos depósitos se vuelcan en los paraísos fiscales.
Todo ello es convergencia ideológica que alimenta el atraso cultural, y el Estado ineficaz y clientelar, ocupado por una masa de funcionarios mitad analfabeta, que cumplen la orden de estar en el cargo para favorecer la angurria de sus padrinos políticos.
Del cuarto millón de empleados del Estado, víctimas de la alienación mental desde los bancos de la escuela memorizadora y enemiga del razonamiento, y de los abundantes aportes basura de los medios comerciales de comunicación, en buena parte ignora o finge ignorar que el salario que recibe todos los meses se lo aporta el pueblo, ese mismo pueblo que cada cinco años es sacrificado por el voto que la politiquería mantiene cautivo.
Muchos por mezquinos cálculos de interés individualista, sin el menor sentido solidario, una mayoría por ignorancia y hasta de buena fe, y no pocos por revanchismo personal o tradición familiar, cada cinco años ponen su voto en las urnas, en un aparente acto democrático violatorio de los más básicos principios democráticos.
Ningún gobierno, en Paraguay y en todo el mundo, tiene la moral suficiente para ser considerado democrático si no es capaz de garantizar la justicia social y la equidad de posibilidades de desarrollo integral a cada uno de los habitantes del territorio patrio, premisa indispensable para poder hablar de soberanía de una nación, la cual es una mentira mientras tenga hijos de segunda y tercera categoría en la escala de valores.
Esa tan cacareada soberanía es imposible cuando prima la exclusión social en aplicación de los programas políticos que imponen las roscas financieras que, en definitiva, son las que definen la agenda gubernamental en sus misas secretas del Club Bildemberg y otros vientres paridores de la esclavitud moderna.
Sirviendo a esos monstruos, llámense Reserva Federal, FMI, BID, Banco Mundial, Banco Europeo, Club de París, y tantos otros, que se concentran en solo una docena de bancos expertos en la especulación, la oligarquía latinoamericana y caribeña prosigue su vieja labor de entrega de los recursos naturales y del patrimonio patrio.
En Paraguay, quienes cumplen esa sucia misión, están concentrados en la UGP, ARP, la Asociación de Productores de Soja (APS), y en los dos partidos tradicionales, el Colorado y el Liberal, salpicando con su corrupción a ciertas ONG’s, organizaciones sindicales y movimientos políticos, junto a otros sectores de la sociedad, ese tejido “ñanduty” en el que se puede encontrar la explicación al reciente golpe de estado parlamentario.
Sin embargo, ese quiebre institucional del proceso de cambios iniciado hace cuatro años, rechazado por la mayoría de la ciudadanía, está generando en todo el país una fuerte movilización popular que expresa hartazgo del viejo orden de cosas, y tiene el mérito inmenso de mostrar el nacimiento de otro Paraguay que, según la mayoría de las consignas, no podrá ser otro que uno de justicia y equidad social.
