(Sirius/Agencia Catalana Alternativa de Noticias)
En Colombia siguen los crímenes de lesa humanidad contra los derechos humanos, los periodistas, dirigentes sociales, niños y niñas, todo empeora por la impunidad del asesino, aquí como corresponsal y defensor de derechos humanos, Colombia no nos da otra alternativa que decirles a los criminales ya los señores de la guerra, que nos maten a todos!, que vengan por este corresponsal que defiende al pueblo masacrado colombiano, que como dfensor de Derechos Humanos señaló los crímenes de miembros del ejército y los grupos ilegales contra la infancia.
Ya que más da aquí, se ha convertido en una carnicería constante contra los defensores de los derechos humanos la tierra colombiana.
Tras el reciente asesinato de la juez colombiana, Gloria Constanza Gaona Rangel, quien llevaba el caso del homicidio de tres niños a manos de miembros del Ejército, se demuestra que el Gobierno de Bogotá no ofrece protección ni garantías a aquellos juristas que luchan y defienden los derechos humanos (derechos humanos), afirmó hoy la abogada de las víctimas de la localidad de Tame, Departamento de Arauca (norte), Olga Silva.
En una entrevista exclusiva concedida a teleSUR, la jurista sostuvo que''és lamentable que hechos como estos tengan que pasar para que se haga una reflexión al respecto (...) el asesinato de la señora juez demuestra una vez más que en el país no hay garantías para ejercer la profesión para pedir justicia''.
Silva manifestó su esperanza "que más allá de las declaraciones del Gobierno (...) y de las reflexiones que esto ha generado, se adoptan medidas necesarias y que no se espere a que haya una amenaza para ejercer medidas de protección''.
Comentó además que''exercir el derecho a la justicia se ha vuelto una condena a muerte para aquellos que hacemos estas demandas, ya sean funcionarios judiciales, ya sean víctimas o abogados''.
En cuanto al traslado del caso de homicidio de la jueza a un tribunal en Bogotá (capital), Silva consideró esto com''una decisión muy positiva''.
''Esperábamos que no fuera de otra manera, habíamos advertido a la Fiscalía, la unidad de derechos humanos, que no consideramos que hay garantías suficientes para que en el Distrito de Arauca se llevara el proceso judicial'', explicó.
En cuanto al proceso judicial en sí, la jurista manifestó que espera que los abogados defensores de lo señalado por el asesinato de la juez, el subteniente del Ejército, Raúl Muñoz,''actúen con la mayor y lealtad ética judicial''.
Asimismo Silva expresó su confianza en que el Estat''fixi prontamente la fecha para darle continuidad a la audiencia preparatoria'', así como también se ofrezca protección a los testigos y familiares de la jueza.
El pasado 22 de marzo, las autoridades colombianas confirmaron el asesinato de la jurista Gloria Gaona.
Gaona Rangel estaba a cargo de las investigaciones por la violación y el homicidio de tres niños a manos de miembros del Ejército del país el Arauca. El subteniente Raúl Muñoz, es acusado de los hechos.
La jueza penal fue ultimada por cinco impactos de bala realizados, presuntamente, por un sicario en el municipio de Saravena en dicho departamento.
En febrero, la juez denunció maniobras dilatorias por parte de la defensa militar en el proceso que se llevaba a cabo contra Muñoz.
Sergio Tapia Pizarro, Corresponsal Colombia
Ya que más da aquí, se ha convertido en una carnicería constante contra los defensores de los derechos humanos la tierra colombiana.
Tras el reciente asesinato de la juez colombiana, Gloria Constanza Gaona Rangel, quien llevaba el caso del homicidio de tres niños a manos de miembros del Ejército, se demuestra que el Gobierno de Bogotá no ofrece protección ni garantías a aquellos juristas que luchan y defienden los derechos humanos (derechos humanos), afirmó hoy la abogada de las víctimas de la localidad de Tame, Departamento de Arauca (norte), Olga Silva.
En una entrevista exclusiva concedida a teleSUR, la jurista sostuvo que''és lamentable que hechos como estos tengan que pasar para que se haga una reflexión al respecto (...) el asesinato de la señora juez demuestra una vez más que en el país no hay garantías para ejercer la profesión para pedir justicia''.
Silva manifestó su esperanza "que más allá de las declaraciones del Gobierno (...) y de las reflexiones que esto ha generado, se adoptan medidas necesarias y que no se espere a que haya una amenaza para ejercer medidas de protección''.
Comentó además que''exercir el derecho a la justicia se ha vuelto una condena a muerte para aquellos que hacemos estas demandas, ya sean funcionarios judiciales, ya sean víctimas o abogados''.
En cuanto al traslado del caso de homicidio de la jueza a un tribunal en Bogotá (capital), Silva consideró esto com''una decisión muy positiva''.
''Esperábamos que no fuera de otra manera, habíamos advertido a la Fiscalía, la unidad de derechos humanos, que no consideramos que hay garantías suficientes para que en el Distrito de Arauca se llevara el proceso judicial'', explicó.
En cuanto al proceso judicial en sí, la jurista manifestó que espera que los abogados defensores de lo señalado por el asesinato de la juez, el subteniente del Ejército, Raúl Muñoz,''actúen con la mayor y lealtad ética judicial''.
Asimismo Silva expresó su confianza en que el Estat''fixi prontamente la fecha para darle continuidad a la audiencia preparatoria'', así como también se ofrezca protección a los testigos y familiares de la jueza.
El pasado 22 de marzo, las autoridades colombianas confirmaron el asesinato de la jurista Gloria Gaona.
Gaona Rangel estaba a cargo de las investigaciones por la violación y el homicidio de tres niños a manos de miembros del Ejército del país el Arauca. El subteniente Raúl Muñoz, es acusado de los hechos.
La jueza penal fue ultimada por cinco impactos de bala realizados, presuntamente, por un sicario en el municipio de Saravena en dicho departamento.
En febrero, la juez denunció maniobras dilatorias por parte de la defensa militar en el proceso que se llevaba a cabo contra Muñoz.
Sergio Tapia Pizarro, Corresponsal Colombia
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